TOMADO DE: RED DE INFORMACIÓN PARA ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE MÉXICO
INFORME SOBRE LA MILITARIZACIÓN EN OAXACA
PUEBLO OCUPADO:
La militarización en México frente al nuevo milenio
Las Fuerzas Armadas en los Pueblos de Oaxaca
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LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS PUEBLOS DE OAXACA
Por Gonzalo García Santiago/ Adelfo Regino Montes.
1. Oaxaca y la realidad indígena
2. Descripción y valoración de las fuerzas armadas en el contexto de los
pueblos indígenas de Oaxaca
3. Radiografía de las posiciones de las fuerzas armadas en Oaxaca
3.1. El verde de las montañas de la Sierra Norte, es ahora más
intenso con la presencia de los verde olivo
3.2. Aunado a los desastres naturales, la militarización agrava las
situación de los pueblos de la Sierra Sur
3.3. Los Loxicha entre la rebeldía, la marginación y la militarización
3.4. Los paramilitares y el reino de la impunidad en los Loxicha
3.5. En el Istmo los viento de la militarización soplan fuerte
3.6. La Cuenca del Papaloapan en militarización no se queda atrás
3.7. Los nuevos conquistadores en los viejos señoríos de los Valles
Centrales
3.8. La Mixteca, la costa y la mazateca; los ojos del Ejército en el
corazón de éstos pueblos
4. Los verdaderos motivos del lobo (objetivos, justificación y
estrategias del Ejército en Oaxaca)
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LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS PUEBLOS DE OAXACA
Gonzalo García Santiago y Adelfo Regino Montes
1. Oaxaca y la realidad indígena
Oaxaca es una entidad de pueblos y culturas diversas, manifestada en la
existencia continuada de los pueblos Amuzgo, Cuicateco, Chatino, Chinanteco,
Chocholteco, Chontal, Huave, Ixcateco, Mazateco, Mixe, Mixteco, Nahuatl,
Triqui, Zapoteco, Zoque, así como de las comunidades indígenas que conforman
estos pueblos y sus reagrupamientos étnicos, lingüísticos y culturales como
el caso de los Tacuates. En este contexto también conviven las comunidades
afro mexicanas.
Según datos del Instituto Nacional Indigenista[1] basados en las fuentes
del INEGI de 1990, en Oaxaca existen aproximadamente un millón,
trescientos veinte y ocho mil, cuatrocientos veinte y ocho habitantes
mayores de cinco años de edad, tomando en cuenta exclusivamente el criterio
lingüístico para la determinación de la condición de indígena. Considerando
otros criterios, los pueblos indígenas constituyen aproximadamente entre el
60 y 70 por ciento de la población oaxaqueña, haciendo de nuestra entidad un
estado mayoritariamente indígena.
Aunque los pueblos indígenas están distribuidos en toda la entidad
oaxaqueña, según la forma de tenencia de la tierra, perviven en
aproximadamente 1,563 núcleos agrarios, de los cuales 793 son comunidades y
770 son ejidos[2]. En ella los pueblos controlan y poseen sus tierras para
el uso y disfrute cotidiano, crean y recrean su cultura y dinamizan su
expresión política en el marco de una autonomía política singular y diversa
en nuestro país. Así conforme a la forma de elección y nombramiento de las
autoridades municipales, durante 1998, 418 municipios de los 570 que existen
en la entidad, han acogido el régimen normativo propio (usualmente llamado
"usos y costumbres") para nombrar a sus autoridades. Todo ello implica una
presencia mayoritaria de las municipalidades, que podríamos categorizar bajo
el nombre de "Municipios Indígenas", regidos por un sistema normativo propio
que establece como principios fundamentales, la concepción del poder como
servicio, la tierra comunal como ente de disfrute colectivo, el trabajo
comunal como el eje del crecimiento comunitario y el sistema de cargos como
un espacio de formación permanente para ejercitar el servicio público.
A pesar de toda esta riqueza cultural y social, los pueblos de Oaxaca se
enfrentan a una realidad sumamente difícil y llena de conflictos. En primer
orden es importante resaltar la confrontación que se evidencia en aquellos
conflictos en que se ven involucradas las normas comunitarias y las normas
estatales. Conflictos que surgen generalmente cuando las autoridades
comunitarias han emitido su veredicto, pero las autoridades estatales,
alegando una facultad superior someten a revisión estas decisiones, llegando
en algunos casos a enjuiciar a las autoridades comunitarias, por el
ejercicio de sus funciones conforme a las normas comunitarias, situación que
implica, desde luego, un desconocimiento de nuestras normas, autoridades y
sus facultades jurisdiccionales.
Y más allá de los conflictos señalados, han surgido -en medio de las
intensas brumas políticas que aquejan muestran sociedad de cara al nuevo
milenio y de las agresiones culturales que han generado crisis de identidad-
una serie de conflictos ligados a la disputa por el poder municipal, ante
los deseos de algunos sectores y partidos, por obtener mayores cotas de
control político y de la distribución de los ingresos municipales. En el
último proceso electoral municipal de 1998, un número aproximado de 50
municipios indígenas tuvieron problemas postelectorales de muy diversa
índole. Frente a estos retos y a falta de normas estatales que posibilitaran
la resolución de los problemas, se tuvo que optar por la negociación
política, cómo único instrumento para determinar la situación final de las
controversias. De esta forma las lagunas y los vacíos legales, han sido la
regla de oro que han permitido a los partidos políticos tomar
determinaciones por las comunidades y pueblos indígenas, desconociendo de
tajo la dignidad y equidad en los mismos. Así en muchos municipios, por
influencias externas -fundamentalmente de los partidos políticos- y por la
voracidad de otros, se ha roto el consenso y la armonía comunitaria,
imponiendo intranquilidad familiar, el desequilibrio social y la
ingobernabilidad política. Aunado a lo anterior, en los últimos años se han
agravado los conflictos relacionados con la distribución de las finanzas
municipales.
De igual modo, los conflictos por límites de tierras han adquirido
dimensiones sangrientas y dolorosas, como el dramático caso del conflicto
sostenido entre la comunidad de San Mateo Yucutindoo y Santiago Amoltepec o
el que prevalece entre las comunidades de Texmelucan y Teojomulco, donde el
número de muertos va mas allá de un centenar en el presente siglo, recayendo
el peso de esta irresponsabilidad en las viudas y huérfanos cuya vida se
convierte en un martirio. Como sabemos estos conflictos son originados
fundamentalmente por la concepción individualista-mercantilista de la
tierra, que exige que ésta deba tener un dueño conocedor de sus límites y
mojoneras, mismos que deben constar por escrito, situación en la que
nuestras comunidades se han visto obligadas a someterse por las constantes
amenazas de invasiones, expropiaciones y despojos de las tierras y los
recursos naturales. Lo anterior se agrava por las deficiencias de las
autoridades responsables y competentes en la materia, y de individuos que
han hecho de estos conflictos su forma de vida, alentando falsas esperanzas
hacia los comuneros y ejidatarios indígenas. Y aunque existen ejemplos
aislados en donde los mecanismos propios de conciliación han conseguido la
solución de los problemas intercomunitarios, éstos no son mecanismos
consolidados, ni mucho menos privilegiados por las instancias
gubernamentales. Por eso la conciliación agraria, aunque es la alternativa,
no constituye más que una luciérnaga en medio de la inmensa oscuridad.
Y ante estos viejos problemas y desafíos, ligados directamente a la
transgresión de la libertad, la autonomía, la dignidad y el ámbito
territorial de los pueblos indígenas, hoy se han agravado otros problemas
ligados con la vida global de nuestras comunidades. Además de la perdida de
identidad, en un gran número de la población joven, las oportunidades para
lograr una "buena vida" al interior de las comunidades se ha reducido
ampliamente, teniendo como consecuencia un gran flujo migratorio de la
población indígena que se genera principalmente en las regiones de la
Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales; con lo cual el
porcentaje que representa este flujo equivale a más de un 70% de municipios
con expulsión de mano de obra. Aunado a ello se han sumado otros problemas
severos como el aumento del alcoholismo, la drogadicción y otras formas de
descomposición social. Y en este contexto, la militarización se ha agregado
como uno de las formas de dominación y sujeción hacia los Pueblos Indígenas
de Oaxaca. Sujeción y dominación que no es novedosa para los pueblos, porque
ya lo han vivido durante más de 500 años, pero que en la actualidad adquiere
nuevas formas. Por eso ahora nos preguntamos ¿Cómo se ha dado el proceso de
militarización de los pueblos en Oaxaca, y cuales son sus expresiones más
relevantes? Esto es lo queremos tratar en el presente escrito.
2. Descripción y valoración del papel de las fuerzas armadas en el
contexto de los pueblos indígenas de Oaxaca.
La presencia de las fuerzas armadas en los pueblos indígenas de Oaxaca no es
totalmente novedosa. Lo novedoso ahora, es el incremento -en términos de
cantidad y calidad- del Ejército Mexicano quienes han llegado para quedarse
en el seno de las comunidades indígenas, caminos o en el corazón de las
montañas. Lo anterior se ha dado en el marco de una invasión silenciosa que
ha estado avanzando lentamente.
Numerosos testimonios afirman que en las comunidades donde el Ejército ha
llegado, se han violentado las garantías individuales, y la vida
comunitaria. Nada vuelve hacer como antes. Los pueblos indígenas tienen que
"aprender", el lenguaje silencioso de las armas de los militares federales:
dar techo, alimentos, suelo. En caso contrario ellos, con las expresiones
faciales discriminatorias y el lenguaje altisonante, cada vez más encubren
sus intenciones bajo labores de asistencia social que para los indígenas, es
sinónimo de problemas, de violación a sus mujeres, de tortura, de
detenciones arbitrarias, de interrogatorios, de delitos prefabricados y de
desapariciones.
Y más allá de las formas de resistencia tradicional, en los últimos años,
los pueblos indígenas están aprendiendo a resistir la invasión de sus
territorios, el escrutinio riguroso de los ojos de otro hermano indígena que
le pagan por defender supuestamente la soberanía de la nación. Todo lo
anterior hace que hoy día, la relación entre el Ejército Mexicano y los
Pueblos Indígenas sea una relación de contrarios.
Así las comunidades, frente a la dominación, están aprendiendo nuevas formas
para no desaparecer y para ello están utilizando la organización, la
movilización, la negociación y los diversos mecanismos de denuncia, a fin
de combatir la marginación, la exclusión y la explotación. Con ello han
cubierto las otras formas de resistencia más sutiles y que tienen raíces
profundas en la lengua materna, el vestido, la gastronomía, la cosmogonía,
los usos y costumbres. Y en este contexto también han surgido las
expresiones armadas como último recurso para hacerse oír en el contexto
nacional e internacional.
Como somos testigos muchos ciudadanos, hoy la complicidad se entreteje
entre un gobierno extranjero, el gobierno mexicano y las fuerzas armadas.
Ante los diversos colores de las resistencias de los pueblos, se implementa
la asesoría militar, la otorgación de créditos para hacer del Ejército
Mexicano una potencia que vaya más allá de cada una las naciones del mundo.
Por eso ante la dignidad y resistencia de los pueblos ha surgido por parte
de los gobiernos la Guerra de Baja Intensidad, siendo uno de sus elementos
la proliferación de grupos paramilitares.
De esta manera el Ejército Federal ha acumulado un poder feroz, maquiavélico
que navega en medio de la impunidad. Hoy como los viejos conquistadores,
piensan someter no bajo la espada, ni la cruz, sino a través de las armas,
la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción, la desintegración
familiar, entre otros medios, a los pueblos indígenas. Por eso cobra una
gran importancia el hecho mismo de que en el seno de los pueblos indígenas
empiecen a resurgir con fuerza grande y digna reclamos de paz y dignidad,
pese a la abominación que implica la militarización. Estos hechos
abominables y la esperanza en la vida es lo que aquí queremos relatar.
3. Radiografía de las posiciones de las fuerzas armadas en Oaxaca
3.1. El verde de las montañas de la Sierra Norte, es ahora más intenso con
la presencia de los "verde olivo"
En una visita realizada a la zona, concretamente en las comunidades de la
Sierra del Rincón, se constató la presencia militar del 63 Batallón de
Infantería con sede en Jalapa, Veracruz. El diario Noticias de la Cuenca
del Papaloapam, en el año de 1996, daba cuenta de la existencia de un grupo
armado que recorría la Sierra Norte, ubicando con mapas y diagramas al
supuesto grupo armado. Esto originaría un despliegue de las fuerzas armadas
en las comunidades indígenas, principalmente en las ubicadas en el
denominado Rincón de la Sierra Juárez. El Ejército realizó vuelos rasantes
día y noche; penetró a la montaña, interrogó a los pobladores principalmente
a niños y mujeres.
Diódoro Carrasco Altamirano, gobernador de aquellos tiempos declararía que
"no existían grupos armados en la región". Sin embargo, la presencia militar
no se justificaría de otra forma. Finalmente "los ejércitos" se quedaron el
29 de diciembre de 1996 en la zona, estableciendo retenes en Ayotzintepec
con la presencia de aproximadamente 300 soldados. A la par, en Ixtlán de
Juárez se ubicó una Base de Operaciones Mixtas que hasta el momento funciona.
Durante 1996, el gobierno acusó a la Unión de Comunidades Indígenas
Zapotecas y Chinantecas "Emiliano Zapata", UIZACHI-EZ (hoy por cierto dicha
organización ha desaparecido por la represión sufrida) de ser brazo político
y armado del EPR. En aquella ocasión fueron detenidos algunos de los
integrantes de dicho organismo, y sus comunidades prácticamente fueron
sitiadas por fuerzas del Ejército Federal quienes revisaron casa por casa en
cada comunidad, violando la Constitución y lesionando los derechos y
garantías individuales de los comuneros y comuneras de esa región.
Las comunidades más agraviadas en aquella ocasión fueron: La Chachalaca,
Lachixila, Yovego, La Josefina, en donde había fuerte presencia de la
UIZACHI. Otro mecanismo que utilizó el gobierno para desarticular a esta
organización fue crear un fideicomiso denominado "Fondo Microregional", en
la cual con recursos provenientes de la SEDESOL, INI, Gobierno del Estado,
empezó a cooptar a los indígenas de la región.
En otro orden, en 1999, en la comunidad zapoteca de Tanetze se continuó con
recorridos, intimidación y prefabricación de órdenes de aprehensión contra
comuneros que el Ejército consideraba integrantes de un grupo armado. La
población decidió aclarar la situación con los militares. Finalmente no se
libraron las órdenes, pero siguen pendientes. En entrevista con la
encargada de la clínica de Ixtlan narró que durante la estancia los
soldados, violaron y embarazaron a adolescentes, además "Los soldados fuman
marihuana en la plaza principal. En una ocasión atropellaron a un joven de
una población cercana y nadie dijo nada. Su madre exigió el cuerpo y una
indemnización, no le hicieron caso".
Los comuneros de esta zona montañosa de Oaxaca afirman que la presencia
militar se debe a la organización sistemática de los pueblos indígenas de la
región que han encontrado mecanismos de unidad y alianza a través de sus
autoridades comunales y municipales. Y frente a este hecho, el Ejército
busca desactivar las formas organizativas de las comunidades de la Sierra Norte.
3.2. Aunado a los desastres naturales, la militarización agrava la situación
de los pueblos de la Sierra Sur
En un estudio elaborado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro se
describe lo siguiente: "A partir de fines de 1995, incursionaron tropas a
la región chatina, mixteca y zapoteca en Amoltepec, Teojomulco y Tlacotepec.
Los militares intimidan a los pueblos e ignoran a las autoridades
municipales. En sus operativos cuestionan a la población y a los miembros de
partidos de oposición, preguntando por la identidad de sus líderes y sobre
las actividades del sacerdote y los catequistas".
Por otra parte, a partir de 1997, se construyó en Miahuatlán de Porfirio
Díaz, la XLIV zona militar. Fortaleza que cuenta con unidad habitacional,
campo de entrenamiento y pista de aterrizaje y tiene tiene una influencia
hacia 175 municipios de las regiones Costa, Valles Centrales, Sierra Sur y
parte de la Mixteca. En la entrega de las instalaciones se dió la noticia
del cambio del comandante Rolando Eugenio Hidalgo Eddy de la XXVIII Zona
Militar con sede en Santa María Ixcotel, quien sería el responsable de las
nuevas instalaciones castrenses. En la XXVIII Zona Militar quedó el
comandante Humberto Alfonso Guillermo Aguilar.
En un recorrido a la zona, se puede constar que la presencia del Ejército
Mexicano se ha dado mediante muy diversas formas, utilizando para ello
diversos argumentos a fin de justificar su presenciar en la zona. Una
primera forma ha sido a través del Plan DNIII. Con el sismo de 7.4 grados,
en 1999 y las constantes lluvias en la región, el Ejército llevó auxilio a
la población afectada, buscando con ello legitimar y justificar su
presencia. También es notorio este incremento militar, sobre todo desde
1994 con el surgimiento del EZLN, y en 1996 con la aparición del EPR. Y esta
presencia sigue aumentando a través de los retenes militares, que son
constantes, rotativos y varían en número. Uno de estos retenes se encuentra
en el tramo carretero Miahuatlán-Ejutla. Los pobladores han manifestado su
inconformidad, ya que saben que son anticonstitucionales. También a raíz del
inicio de la operaciones de la XLIV zona militar, los sobrevuelos en los
últimos años han aumentando. Estos se han llevado a cabo principalmente en
las comunidades zapotecas de San Juan, San Antonio, San Francisco y San
Esteban Ozolotepec.
Fuentes consultadas señalan también que la zona mencionada cuenta con campos
de adiestramiento donde frecuentemente llegan al lugar tropas proveniente de
Veracruz, Tabasco y Puebla. Así mismo, se encuentran 500 efectivos de las
Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata. Por otra parte, el movimiento de
tropa es constante en recorridos hacia la Sierra Sur. Las comunidades
indígenas visitadas por el Ejército Federal, con insistencia en los últimos
años son: Mixtepec, la micro región de Amatlanes, Ozolotepec y Coatlanes.
Los excesos del Ejército son grandes tal como sucedió en 1996, en la
comunidad de Zieneguilla. En esta localidad fueron cateadas casas y detenido
un habitante. El Ejército se llevó fertilizante y las preguntas iban en
relación que "Donde estaban las armas". En la agencia de La Pila, en la
propiedad de Salomón García, indígena campesino, le fueron afectadas 7
hectáreas de tomate. El Ejército pensó que era un plantío de marihuana, y
fumigó el sembradío. No se indemnizó al indígena, por el daño. También se
ha implementado en la cabecera municipal una campaña de despistolización.
Los interrogatorios a quienes encuentran caminando después de las diez de la
noche son obligados, por eso la población ha decidido encerrarse ante la
actuación de las "fuerzas del orden".
El 17 de septiembre de 1999, 6 elementos del 54 Batallón de Infantería
establecidos en los límites de San Mateo Yucutindoo y Santiago Textitlán,
allanaron el domicilio de la señora Julia Vázquez Hernández, ubicado en la
agencia de policía de San José El Frijol, le robaron un mosquetón, y tres
mil pesos, amenazándola que si hablaba la iban a matar. El 11 de noviembre,
en la comunidad de Unión Providencia del municipio de Santiago Textitlán los
militares se introducieron a varios ranchos, forzaron puertas, vaciaron
costales de maíz al piso y se comieron fruta del lugar. En la misma agencia,
hay malestar en la población, ya que los militares cazan venados e iguanas.
Con ello, los militares han dejado a su paso la descomposición social que se
reflejan en el aumento del alcoholismo y la creación de nuevas cantinas; en
el crecimiento de la prostitución; en la proliferación de adolescentes
embarazadas por parte de los efectivos militares; en el acrecentamiento de
los casos de adulterio donde los soldados, han sido protagonistas en la
desintegración familiar y en el hecho de que se estén dando riñas entre
persona de la sociedad civil y los efectivos militares. En esta zona se
han presentado dos casos en donde jóvenes han sido heridos con arma blanca,
esto en riñas cantinescas.
Esta situación se ha visto agravada con la inauguración -el viernes 3 de
diciembre de 1999- formal de la XLIV Zona Militar. Aunque los indígenas
zapotecos no pudieron hacer nada para su instalación, la nueva zona implica
un peligro y hay afectaciones muy concretas, como el hecho de que se afectó
gravemente un camino comunitario que se dirigía a la agencia de San Miguel
Yogovana. Así lo entienden la gran mayoría de los habitantes zapotecos
quienes dicen que "se vislumbra que la militarización va a ir en aumento y,
va a jugar un papel importante en el próximo proceso electoral. No cabe duda
que nos tienen cercados, nos quieren intimidar. Con los retenes, el Ejército
quiere tener un control total de la población".
La instalación de la nueva zona militar es preocupante. Con ella ya se
iniciaron los operativos principalmente en las comunidades de Sola de Vega,
perteneciente también a la Sierra Sur, concretamente de las agencias El
Frijol, Unión Providencia de Santiago Textitlán, en la Sierra Sur. También
ya se estableció, desde algunos años, una Base de Operaciones Mixtas en San
Lorenzo Texmelucan y Santo Domingo Teojomulco. El interés de la Secretaría
de la Defensa Nacional es tan fuerte que su titular visita cada tres meses
la Zona para supervisar a la tropa destacamentada.
3.3. Los Loxichas entre la rebeldía, la marginación y la militarización.
La región de Los Loxichas ubicada en la sierra de Pocbutla -al igual que
otros pueblos indígenas de Oaxaca- ha vivido siglos de marginación y olvido.
Las condiciones de miseria contrastan con la riqueza natural existente. A
partir del ataque del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la Crucecita
Huatulco, polo turístico de primer nivel en el estado, trajo consigo la
militarización y paramilitarización de las comunidades indígenas que
comprenden los Loxichas.
Desde un inicio de la historia de represión, las comunidades han visto a más
de 150 indígenas zapotecos en la cárcel; asesinatos selectivos, detenciones
arbitrarias, tortura, entre otros casos de violación a los derechos humanos.
En Loxicha, los indígenas zapotecos viven un cerco militar, paramilitar,
económico y social. A tres años del levantamiento eperrista, aún existen más
de 90 órdenes de aprehensión contra habitantes de éstas tierras. Lo que ha
desatado una psicosis colectiva de miedo, angustia y terror en la población.
En Loxicha se ubican cuatro Bases de Operaciones Mixtas:
· Paraje El Portillo de las Flores.
· Magdalena Loxicha.
· La Sirena Miramar, Loxicha.
· Agustín Loxicha.
Para el facilitar el desplazamiento de tropa a la región, se acondicionó un
helipuerto, en el paraje conocido como La Cruz, donde al mismo tiempo pueden
aterrizar dos helicópteros. Es importante mencionar que antes de la
aparición del EPR, la región no contaba con caminos, sino únicamente se
intercomunicaban las comunidades con brechas entre las montañas. Hoy día en
menos de dos años, se han abierto caminos de terracería hacia todas las
comunidades. Los pobladores comentan que por años solicitaron esos caminos y
nunca fueron atendidos. Finalmente están conscientes de que la introducción
de las carreteras sólo significó que los cuerpos policíacos se movilizarán
con mayor velocidad.
La gente vive con miedo desde hace tres años, los hombres tienen que dormir
en el monte a salto de mata ante el temor de ser detenidos o asesinados.
Aunque no se puede hablar de familias desplazadas y ubicadas en un lugar
determinado, si existe una forma de desplazamiento cotidiana de los hombres.
Ellos saben de antemano que pueden ser encarcelados o en el peor de los
casos asesinados delante de sus familiares. Los patrullajes como los
sobrevuelos militares son constantes. Los pobladores se han tenido que
acostumbrar al ruido que hacen las aeronaves.
3.4. Los paramilitares y el reino de la impunidad en Loxicha
Aunada los cinco destacamentos militares ubicados en comunidades de los
Loxicha, se suma la existencia de los paramilitares, que se conocen como
"Los Entregadores". Este grupo paramilitar ha sido entrenado y pagado desde
altas esferas del poder, habiendo surgido desde el sexenio de Diódoro
Carrasco Altamirano.
Al mando de Los Entregadores, se encuentra la actual autoridad municipal,
originario de la región y ex-policía judicial de nombre Lucio Vázquez
Ramírez. "Los Entregadores" son de diversas comunidades de la región y lo
integran alrededor de 50 a 70 personas, visten igual de civil que todos los
comuneros de la región. Normalmente se desplazan en camionetas último modelo
y su armamento es básicamente el Ak-47, M1 y M2. Los paramilitares radican
fundamentalmente en San Agustín Loxicha. Las prácticas de ellos son
despiadadas y sanguinarias. Su papel principal es delatar, aunque cumplen
otras funciones como la tortura, el asesinato, la violación a mujeres y las
detenciones arbitrarias.
Es de destacar que ellos operan conjuntamente con militares, judiciales y la
policía preventiva. Ellos en síntesis son dioses, determinan quien vive y
quien muere en la región. Los pobladores de las comunidades los tienen
identificados plenamente, y en un momento dado, todo ese odio de sangre
acumulado puede desatar una violencia de enormes proporciones.
Los habitantes han denunciado a los principales paramilitares que operan en
la región como es el caso de Lorenzo Martínez Enríquez, Juan Martínez Ruiz,
Aquiles Martínez Ruiz, Virgilio Enríquez Santiago, Alberto Enríquez Luna,
Rogelio Cruz Fabián, Donato Enríquez Martínez, Pablo Enríquez Matías, Félix
Santiago Santiago, Alejandro Matías Antonio, Emiliano Mendoza José, Eucario
Mendoza José, Juan Martínez Santiago, Onésimo Ruiz Santiago, Arturo Felipe
Almaraz, Faustino Sebastián Valencia, Flavio Almaraz Pacheco, Donaciano
Santiago Santiago, Apolinar Martínez Mendoza, entre otros.
El expediente que recoge las denuncias es muy amplio. La impunidad reina en
la región donde se han registrado desapariciones, detenciones arbitrarias,
violación de mujeres, tortura física y psicológica, allanamientos, saqueos,
robos. Por eso actualmente, más de 80 mujeres han permanecido en plantón por
más de tres años exigiendo la libertad de 96 indígenas zapotecos que
permanecen en diversas cárceles del país.
3.5. En el Istmo los vientos de la militarización soplan fuerte
La región del Istmo es considerada una zona estratégica, tanto por el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Gobierno Federal y las
diversas compañías trasnacionales. Quizás este argumento puede justificar en
cierta medida el incremento del Ejército Federal en el Istmo Oaxaqueño. Y
esta incrementación del Ejército Mexicano, adquiere muy diversas expresiones
como a continuación lo señalamos.
En los Chimalapas la presencia militar es una constante, de modo tal que los
retenes, las bases de operaciones mixtas y los puestos móviles, son una
realidad que viven cotidianamente los indígenas Zoques. A esto se suman, las
pugnas territoriales e invasiones de ganaderos chiapanecos que cuentan con
guardias blancas para protección de sus intereses. En 1999, este conflicto
por la tierra ha adquirido dimensiones preocupantes, provocado en gran
medida por la irresponsabilidad de los gobiernos en turno. Lo anterior, lo
han denunciado los indígenas Zoques quienes han cuestionado la presencia de
soldados en los Chimalapas, que intimidan a la población, decomisan armas o
los interroga sobre sus líderes, su organización y sus supuestos nexos con
el EZLN.
Por otra parte, a partir de la realización de la Consulta Nacional por el
Reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indios y por el Fin de la
Guerra de Exterminio, en la comunidad Huave de San Francisco del Mar, un
destacamento militar permanece asentado. En el mes de marzo de 1999, fueron
amenazados brigadistas huaves de ésta comunidad. Al respecto un indígena
huave narró "no estábamos acostumbrados a los verdes, pensaron que era sólo
recorridos y se quedaron. Tenemos miedo por nuestras mujeres e hijos".
En lo que respecta al Bajo Mixe, que comprende los municipios de Santa María
Petapa, Santo Domingo Petapa, Matías Romero, San Juan Guichicovi, San Juan
Mazatlán y San Juan Cotzocón, la presencia militar ha aumentado. En esta
zona se encuentra la VI Regimiento de Artillería mismo que está
destacamentado en Matías Romero. También existen un gran número de retenes.
En el tramo Palomares se localiza uno. También en Boca del Monte donde
llegaron hace cuatro años, se fueron dos meses y volvieron a regresar para
establecerse definitivamente. Otro más está en El Zapote. En esta zona norte
del Istmo se ha constatado la presencia de aproximadamente 7 retenes militares.
En este sentido la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo
en varias ocasiones ha denunciado el incremento militar en la región.
También han denunciado la existencia de un posible grupo de paramilitares
que en marzo de 1999 amenazaron con atacar la asamblea comunitaria en San
Juan Guichicovi donde se llevaría a cabo la consulta zapatista. Para los
dirigentes de la UCIZONI los retenes "son anticonstitucionales porque no
permiten el libre tránsito de los indígenas. La presencia militar incluso ha
provocado trastornos emocionales, hay temor para ir al campo a trabajar a
gusto". Hoy día Matías Romero, se ha convertido en una zona de tolerancia,
con aumento de cantinas, prostitución y las secuelas de la desintegración
familiar.
Para el Centro Regional de Derechos Humanos "Tepeyac", organización que ha
realizado una investigación sobre la presencia militar en la zona, se
desglosan varias lecturas, la principal es que el Istmo es una zona
estratégica debido al ambicioso Megaproyecto. Aunque las organizaciones
sociales, no gubernamentales y comunidades se han opuesto a la realización
del Megaproyecto, no lo han logrado detener. Ante ésa realidad los militares
se encuentran en puntos estratégicos donde estará o se han iniciado los
trabajos de ésta obra. De esto se desprende la ubicación estratégica y las
operaciones militares y de otros cuerpos policíacos. Por eso los militares
cumplen objetivos de "contención social donde la función es que la gente se
sienta controlada".
En diversos tramos carreteros, los retenes han aumentado donde el número de
efectivos militares varía de 40 a 60 elementos. A la altura del puente Las
Tejas que está ubicado a escasos minutos de Tehuantepec, se encuentra un
retén militar y el pretexto principal que argumentan es implementar acciones
de "control de armas". Los patrullajes a comunidades también son una
constante. En las comunidades de Quiechapa, San Pablo Topiltepec en la
Sierra Chontal también hay dos retenes. En diciembre de 1998, se ha
detectado un incremento considerable aunado a la renovación de armamento
sofisticado así como de vehículos.
Por otra parte, en Juchitán, los militares no han entrado en una
confrontación directa con las comunidades indígenas, aunque si se registran
abusos por parte de diversos cuerpos policíacos. Los entrevistados en esa
ciudad mencionan que los retenes se ubican desde La Ventosa, integrado por
el ejército, los judiciales, los preventivos y la migración. En éste punto
se encuentran alrededor de 100 elementos y de 7 a 10 barricadas; vehículos
artillados y para desplazamiento. Este retén tiene la función de controlar
la emigración principalmente de Centroamérica, pero se tienen evidencias que
en muchos casos actúan en complicidad con "los polleros".
También a partir de 1999, los militares se ubicaron en la zona Huave,
concretamente en las afueras de San Dionisio del Mar y San Francisco del
Mar. El argumento cumplir la ley de armas de fuego y explosivos. En la zona
oriente del Istmo también existen retenes en Pascual Fuente, Zacatepec,
Tapanatepec y muy de repente en Miltepec. Así también como en Boca del Monte
y Playa Vicente. A diferencia de otras regiones, enclavada en Salina Cruz,
se localiza la Zona Naval No. 20 donde la marina realiza patrullajes no
solamente en lanchas, sino en camiones y se interna a las comunidades
indígenas. En estos patrullajes se tienen reportados casos de allanamiento,
y cateos donde se involucra a la marina. En las carreteras del Istmo se
constató en los últimas semanas de diciembre un movimiento inusual de
tropas. En el tramo a Palomares, en el retén se logro registrar el
levantamiento de nuevas trincheras. Se implementó durante diciembre de 1999
y parte enero del 2000 el operativo Plan "Lupe Reyes 99".
Finalmente se constató las funciones de la Base Aérea Militar No. 2 (BAM 2)
"General Antonio Cárdenas Rodríguez", de ciudad Ixtepec donde en entrevistas
realizadas se determinó que se efectúan sobrevuelos a comunidades indígenas
y la descomposición social a nivel familiar que en ocasiones adquiere
dimensiones preocupantes. En la Noria se localiza una Unidad Habitacional
Militar y el puerto de Salina Cruz un Centro de Adiestramiento. Los
pobladores cercanos afirman que hay un incremento que no se ve
aparentemente, pero que existe. Y dicen que aunado a los patrullajes
terrestres se suman los aéreos por parte de la Base Aérea Militar. Los
vuelos son rasantes de día y de noche; los helicópteros portan una inmensa
luz que dejan caer donde realizan los sobrevuelos "es como si fuéramos
conejos y estuvieran de caza".
Es importante mencionar que a raíz de la muerte de un menor de edad en manos
de un soldado, en varias partes del Istmo donde tiene trabajo el Centro de
Derechos Humanos Tepeyac, la gente aprendió y se vió en la necesidad de
denunciar los abusos de los militares. Tal es el caso de los Chimalapas,
donde se tienen documentados casos de golpes, tortura, asesinatos,
violaciones a mujeres y secuestros por parte de militares. La gran mayoría
de la gente coincide que con la llegada y el incremento militar se ha
generado una psicosis colectiva entre la población. En este orden es
importante subrayar que las formas de operar, los pretextos y el control
territorial de los militares varía de acuerdo a la región y los antecedentes
históricos, políticos, económicos y sociales. Por ejemplo en Juchitán
-ciudad que en la década de los setenta fue muy acosada por los militares a
raíz del movimiento generado por la Coalición Obrera Campesina Estudiantil
del Istmo, COCEI- los pobladores dicen que los militares actúan con mucho
tacto ya que saben que la gente va responder a las agresiones. En cambio en
Uxpanapa, todavía se recuerda que hace dos años, a raíz de un conflicto
poselectoral, el gobierno tuvo que ordenar la militarización abierta y
brutal de ese poblado, a tal grado que había un soldado en cada calle con
arma en mano, para evitar "cualquier incidente".
3.6. La Cuenca del Papaloapan en militarización no se queda atrás
En ésta importante región económica de la entidad oaxaqueña donde convergen
3 pueblos indígenas, la figura y las leyendas del guerrillero Güero Medrano
hacen que el gobierno y las fuerzas armadas tengan en el "ojo del huracán",
a ésta zona. En este marco la pugna entre diversos actores sociales, como
los ganaderos, las guardias blancas, la policía, los judiciales, el ejército
y las organizaciones populares y civiles, ha mantenido la zona en permanente
tensión y violencia. Conflicto caracterizado por el combate al latifundismo
y la recuperación de las tierras mediante tomas de predios, lo que los
indígenas consideraban como su propiedad.
La historia caciquil ya señalada en los años setentas y ochentas provocó una
fuerte confrontación entre el campesinado, los militares y sobre todo las
guardias blancas. A partir de esta lucha las familias caciquiles como los
Ahuja, los Moreno Sada y los Cue, perderían desde aquel entonces grandes
posesiones de tierra. Esto mismo permitió a algunas organizaciones -como la
Unión General Obrera Campesina y Popular (UGOCP)- adquirir un cierto grado
de fuerza lo cual les dio márgenes para cuestionar y "mantener a la raya" la
situación de la militarización en la región. Aunque el Estado ha empleado
métodos como la acumulación de órdenes de aprehensión contra la dirigencia
colectiva de la organización.
Sin embargo, a raíz de un conflicto postelectoral y agrario en la comunidad
de San Juan Lalana, en los últimos años se ha militarizado. La persecución
ha sido intensa y actualmente están como presos políticos el Comisariado de
Bienes Comunales y existen órdenes de aprehensión en contra de varios
indígenas de la comunidad. También es notorio y preocupante que siendo la
ciudad de Tuxtepec aparentemente tranquila, los patrullajes sean frecuentes.
Y la preocupación mas fuerte en esta parte del Papaloapan sigue estando en
la operación que continúan realizando las guardias blancas y los pistoleros
de los grandes ranchos. Varios de ellos son financiados por el Gobierno y
por una organización campesina de corte priísta, la CECOEZ. Estas guardias
blancas, como los de Soyaltepec portan chalecos de malla, pistola 45,
granadas y ametralladoras AK-47. Esto tiene una lectura y es que los viejos
caciques se niegan a perder el control que una vez tuvieron, según
campesinos entrevistados.
3.7 Los nuevos conquistadores en los viejos señoríos de los Valles Centrales
Hace tres años fueron entregadas en la XXVIII Zona Militar, con sede en la
ciudad de Oaxaca, las insignias a 101 miembros del Grupo Aeromóvil de
Fuerzas Especiales, 13 oficiales y un jefe, que recibieron un curso táctico
y que opera ya en todo el estado.
Antes de la aparición del EPR en Oaxaca, el semanario Presente, dirigido por
Razhy González publicó como nota principal con el encabezado "Guerrilla en
Oaxaca", esto finalmente desembocó meses más tarde en el resurgimiento de
un cuerpo con características de un grupo paramilitar muy similar a las
Brigadas Blancas que operó en los años setentas. Este grupo tendría su campo
de acción en el medio urbano, específicamente la capital del estado.
La operación de la nueva brigada blanca, comprendería una serie de actos
violatorios a los derechos humanos, tales como las amenazas, las detenciones
arbitrarias, la tortura hacía personajes claves para gremios como el de
periodistas, artistas plásticos y estudiantes universitarios. Los secuestros
arbitrarios fueron hacia Razhy González, Nicéforo Urbieta y el estudiante
universitario Mario Guzmán.
En otro sentido en el "corazón" de la ciudad, frente a la Alameda de León,
se encuentra una oficina de la Procuraduría General de la República, en el
que es muy común que militares lleguen con indígenas para ser presentados
ante el Ministerio Público Federal acusados de narcotraficantes. En este
sentido, el domingo 12 de diciembre de 1999 un camión militar llegó con 6
indígenas de la comunidad de Santiago Quiatoni, a plena luz del día, los
traían amontonados en el piso, amordazados y presentaban huellas de haber
sido golpeados. Es importante mencionar, que el Ejército en comunidades
circunvecinas a Quiatoni han establecido convenios con narcotraficantes,
donde incluso opera una ruta.
En otro orden, en cada una de las entradas y salidas principales de la
ciudad de Oaxaca, existe por lo menos una base de operaciones mixtas. El
primero de ellos está en los tanques de almacenamiento de Petróleos
Mexicanos (PEMEX), a la altura de El Tule en la carretera que conduce al
Istmo. El otro se encuentra en las presas de San Andrés Huayapan, en la
carretera que conduce a la Sierra Norte y Tuxtepec. Otro más está a la
altura de Animas Trujano, en la carretera que conduce a la Costa Oaxaqueña.
Finalmente el más aparatoso se encuentra a escasos 45 minutos de la capital
oaxaqueña, en la carretera Oaxaca-México, concretamente en el sitio conocido
como Viguera. En cada una de estas Bases Operaciones Mixtas hay por lo menos
de sesenta a ochenta efectivo militares.
Tambien a 60 minutos de la capital, en Huitzo, Etla, ha sido frecuente en el
último año observar vehículos artillados en las calles de la población. Los
patrullajes militares también se efectuaron casi a diario en las dos últimas
semanas de diciembre en el centro de la capital oaxaqueña.
3.8 La Mixteca, la costa y la mazateca; los ojos del Ejército en el corazón
de éstos pueblos
En la Mixteca, Costa y Sierra Mazateca también ha aumentado la presencia
militar, principalmente en las comunidades Triquis, Amuzgas, Nahuas,
Tacuates, Chocholtecas, Mixtecas, Cuicatecas, Mazatecas, entre otros.
En el corazón del pueblo Triqui, Juxtlahuaca, existe un fuerte, donde se
aprovechó las condiciones geográficas del lugar. En éste importante
municipio se encuentra el 95 Batallón de Infantería. La población considera
su presencia innecesaria porque en el área no existen grupos armados.
Ante un problema entre agencias y municipio que se suscitó en Putla de
Guerrero, en el mes de noviembre de 1999, 150 paramilitares de filiación
priísta auxiliaron a las fuerzas policiacas, y militares para sitiar a las
poblaciones de El Campanario y San Miguel Copala, ambos del mismo municipio.
El miércoles 5 de enero del 2000, más de 80 camiones con aproximadamente 500
militares se desplazaron por las principales calles del municipio de Putla
de Guerrero, penetrando muchos de ellos en la sierra.
En abril de 1995, elementos del 54 Batallón de Infantería de Puerto
Escondido mantuvieron sitiados a indígenas chatinos de Santos Reyes Nopala
en la Sierra Sur. La organización de derechos humanos OIDHO de Oaxaca,
denunció que los militares torturaron a indígenas y allanaron sus viviendas.
El XLVII Batallón de Infantería se localiza en el municipio de Pinotepa
Nacional. Como en las otras regiones los recorridos y los retenes son
constantes. En 1999, uno de los municipios "visitados", por las efectivos
militares fue Ixtayutla. Desde 1994 a la fecha han llegado a Pinotepa de Don
Luis y San Juan Colorado. Un fuerte retén destacamento se ubica en el tramo
de Río Grande y Puerto Escondido, aproximadamente con 500 soldados. Mientras
una Base de Operaciones se encuentra en la carretera Acapulco-Putla.
Importante es mencionar, que el narcotráfico y cacicazgo son problemas
complejos. A diferencia de otras regiones, las incursiones militares a las
comunidades de la costa es casi nula. Según fuentes entrevistadas se debe a
la complidad de las fuerzas castrenses con el narcotráfico. Por otra parte,
como es natural, los caciques, mantienen grupos de pistoleros, para esto
contratan a la gente de la comunidad negra principalmente para comenter
actos de intimidación como amenazas e incluso asesinatos.
Finalmente en los primeros días de julio de 1996, más de mil elementos del
ejército penetraron en la Sierra Mazateca, en los límites con Puebla y
Veracruz, con el pretexto de buscar un presunto grupo de centroamericanos
vinculados con el EZLN e interceptar un cargamento de armas. Se instalaron
retenes en Nuevo San Agustín, Plan de Guadalupe, Agua Barbacoa y en la finca
cafetalera Plan Carlota. El 6 de julio, cuando se realizaban las elecciones
extraordinarias en Mazatlán Villa de Flores, varios cientos de elementos del
ejército llegaron al paraje Plan de Guadalupe, a unos 32 kilómetros de este
municipio.
4. Los verdaderos motivos del lobo (objetivos, justificación y estrategias
del Ejército en Oaxaca)
Según el decir la gente "cuando los ejércitos llegarón" a las comunidades y
regiones que hemos descrito en los parágrafos anteriores, justificarían su
presencia por algunas de las siguientes razones:
a) Para implementar la lucha en contra del narcotráfico
b) Para llevar a cabo campañas de despistolización, en el marco de la
aplicación de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos
c) Para llevar a cabo acciones de carácter social, através de distintos
programas.
d) Para mitigar los efectos de los desastres naturales en el marco del
Plan DN-III
Estas mismas respuestas podemos obtener, al momento de emitir nuestras
preguntas y cuestionamientos, cuando los efectivos militares revisan
nuestros medios de transportación en cada uno de los retenes establecidos
hoy día. En el discurso oficial y formal, los objetivos se pronuncian
reforzando las argumentaciones anteriores.
Con la creación de la XLIV zona militar ubicaba en la ciudad de Miahuatlán
de Porfirio Díaz y que tiene un radio de acción en 175 municipios de la
sierra sur, costa, valles centrales y mixteca, los objetivos castrenses
dados a conocer en los medios de comunicación el día 3 de diciembre de 1999,
son los siguientes: "intensificar y reforzar el combate a la siembra,
tráfico de enervantes y para contrarrestar acciones fuera de la ley". A la
par, durante la toma de protesta del nuevo comandante de la zona en
referencia, estos objetivos fueron remarcados con el hecho de que el
Ejército deberá "velar por la independencia, honor e instituciones así como
la integridad del territorio estatal y nacional".
Sin embargo este discurso oficial contrasta grandemente con la verdadera
realidad. Y es que semejante a la astucia del lobo, el Ejército nunca dice
oficialmente los verdaderos motivos de su presencia en las comunidades. En
este sentido para nadie es un secreto que en un primer orden el Ejército
realiza labores de inteligencia militar y policiaca disfrazados de
asistencia social. Así lo testimonian habitantes de varias comunidades
indígenas de los municipios de San Pedro Sochiapan y Santa María Asunción
Tlaxiaco en la región de la mixteca; Santa María Chilchotla, en la zona
mazateca; San Agustin Loxicha, Pochutla y San Miguel Panixtlahuaca Juquila,
en la costa; Guevea de Humbolt, en el istmo; Coicoyan de las Flores y
Juxtlahuaca en la mixteca; Acatlán de Pérez Figueroa, Cosolapa y Nuevo
Soyaltepec en la cuenca; Villa Alta y Santiago Camotlán, en la sierra norte;
Putla, Santa María Zacatepec en la mixteca; Sola de Vega, Santa María Zaniza
y Santiago Amoltepec en la sierra sur, quienes en julio de 1996, fueron
visitados por 14 brigadas integrados por soldados y burocrátas de diversas
dependencias de gobierno, recorriéndose en total 23 comunidades de las siete
regiones de Oaxaca, supuestamente para atender cuestiones relacionados con
la salud, educación, vivienda y caminos.
En otro orden, el Ejército ha servido para contener y desactivar los
movimientos sociales emergentes. En el presente siglo muchas son las
acciones en esta dirección. Por ejemplo en la sierra mixe, por allá en la
década de los cuarenta, cincuenta y sesenta, el Ejército ocupó varias
comunidades mixes, para contener e incluso apoyar a las policías del estado
para reprimir la lucha de las autoridades y ciudadanos mixes que en aquellos
tiempos combatían los cacicazgos y la opresión gubernamental. Iñigo
Laviada, en su libro titulado "Caciques de la Sierra", nos relata un
conjunto de enfrentamientos armados entre habitantes mixes y la policía y
los federales. El mismo papel jugó el Ejército ante la emergencia política
de los istmeños agrupados en torno de la COCEI.
No es nuevo entonces, que hoy día ante la emergencia pacífica de los pueblos
indígenas con sus reclamos de autonomía y respeto a sus derechos colectivos,
el ejército tenga que ocupar a los pueblos para emprender acciones de
intimidación y contención social. Esto ha sucedido en los últimos años en
Oaxaca. En particular debemos recordar lo acaecido en Lachiviza en las
instalaciones del Centro de Educación Campesina de la Unión de Comunidades
Indígenas de la Región del Istmo. En aquellos días y meses de 1996, mientras
los alumnos de la CEC-UCIRI tomaban sus cursos sobre abono orgánico, un
numeroso contingente del Ejército Mexicano se apoderó de las instalaciones,
realizando acciones de cateo, intimidación y amenazas. Lo mismo ha sucedido
en Lachixila -comunidad zapoteca del rincón de la sierra norte- en donde el
Ejército llegó para ocupar a la comunidad y llevarse por helicóptero a las
autoridades de la comunidad. Dicen las autoridades secuestradas "que allá
arriba en el helicóptero los militares les preguntaban si pertenecían a
algun grupo armado y si no confesaban, los amenazaban constantemente para
arrojarlos en la aguas de las presas Miguel Alemán y Cerro de Oro" . Aunque
la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca hizo innumerables
denuncias ninguno logró prosperar.
Pero los objetivos y justificaciones institucionales han entrado en una
profunda crisis por la presencia excesiva y agresiva del Ejército Federal en
zonas en donde presumiblemente existen las guerrillas. De esta modo, a
partir de 1994, las fuerzas armadas se reestructuran en función de las
comunidades indígenas consideradas como "focos rojos". Esta comunidades
consideradas como "focos rojos" son aquellas que se encuentra en una
angustiante marginación. La gran mayoría de los municipios indígenas de
Oaxaca se encuentra en esta situación y según datos de la INEGI, en 169 de
estos municipios, las condiciones de insalubridad, marginación, desempleo y
migración son verdaderamente alarmante. Estos municipios abarcan
fundamentalmente las regiones de la Sierra Sur, Mixteca, Costa e Istmo.
Al respecto, en un estudio oficial elaborado por el Gobierno del Estado de
Oaxaca, se reconoce la existencia de "dos grandes zonas enclavadas en la
sierra madre del sur y la costa oaxaqueña, con características geofísicas,
extensión territorial, densidad de población, indíces de miseria y
analfabetismo, deterioro de condiciones sociales e incomunicación adecuadas
a la guerrilla". El estudio afirma que "estas zonas quedan delimitadas por
dos grandes polígonos cuyos vértices estarían en las siguientes localidades:
Polígono A: Tlaxiaco-Putla de Guerrero-Cacahuatepec-Pinotepa
Nacional-Jamiltepec- Tututepec-El Maguil-Cosaltepec-Santa María
Huatulco-Miahuatlán-Santa Cruz Mixtepec-San Miguel Piedras-San Bartolomé
Yucuañé-Tlaxiaco.
Polígono B: Santa María Huatulco-Piedra Mora-Chacalapa-San Juan Lajarcía-San
Luis del Río-Ocotepec-Progreso-Miahuatlán-Santa María Huatulco".
En función de estas comunidades, se han definidos los objetivos y se han
reestructurado los cuerpos militares y policiacos, estableciéndose nuevos
cuarteles, estableciéndose Bases de Operaciones Mixtas (que están compuestos
por miembros del Ejército, la Policía Judicial, la Policía Preventiva y las
Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata). En este marco se han utilizado
los puestos de control fijo; los puestos de control movil; los campamentos,
zonas y campos militares; retenes, así como los operativos con otras
corporaciones, como las policiacas.
Todo lo anterior en el marco de dos estrategias que según las propias
fuentes oficiales comprenden:
"1. Ampliar la base social propia .
a) En acciones tácticas: reestructurar con un nuevo pragmatismo la relación
gobierno- masas
b) En lo político: aplicar una política de masas que reelegitime
a las instituciones
c) Tareas de inteligencia: descargar el gasto social de tareas
contrainsurgentes
2. Reducir la base social del adversario.
a) Acciones tácticas: desmontar mecanismos propagandísticos; apuntar
atinadamente la réplica propandística.
b) Políticas: Garantizar el estado de derecho; respeto a los derechos
humanos y acoso a difamadores; exhibir sistemáticamente su falacia
ideológica global.
c) Tareas de inteligencia: Identificar y escrudiñar a sus organismos
fachada. Identificar a sus ideólogos militantes".
De esta forma, indica el estudio oficial, "se localizará, controlará y sobre
todo se aislará el foco de subversión, impidiendo así su propalación a otras
zonas del país, evitando que el conflicto crezca a niveles en que ya no sea
posible sofocar la insurrección". De entre todas estas acciones de
contrainsurgencia finalmente se prevee el hecho de "controlar o reprimir la
insurreción civil, sea resistencia pasiva o armada" .
Con toda esta estrategia el Ejército ha recorrido una gran cantidad de
comunidades indígenas, sembrando intimidaciones, cometiendo cateos ilegales
o incluso ejecutando órdenes de aprehensión. Con ello tambien se han llevado
actos de búsqueda de integrantes de grupos armados, decomisándose en
algunos, casos armas y pertrechos, tal como ha sucedido en la región de los
Loxicha.
Con ello el gobierno del Estado y la Federación han emprendido las acciones
de militarización, que desde el punto de vista oficial, refuerzan la
gobernabilidad y el trabajo político del sistema actual. Por eso el propio
gobierno del estado a afirmado que con estas acciones están "en condiciones
de aislar política y socialmente a los grupos armados mediante acciones de
política que creen una correlación de fuerzas favorable a la gobernabilidad
institucional". En términos políticos-militares la ocupación o su presencia,
conllevó entre otros aspectos, a mantener el poder local o regional
reforzando fortaleciendo los cacicazgos existentes en algunos municipios.
Hay que agregar a lo anterior, la operación de grupos paramilitares en
comunidades indígenas e incluso en el medio urbano, característicos dentro
de la llamada "Guerra de Baja Intensidad". Según fuente provenientes de las
organizaciones locales, estos cuerpos anticonstitucionales entrenados y
financiados desde las estructuras del gobierno, se localizan principalmente
en el bajo mixe, mazateca, la región triqui, cuenca y la región de Los
Loxichas, con el caso del grupo denominado "Los Entregadores";
Los comuneros y comuneras de Oaxaca reconocen que "Cuando los Ejércitos
llegaron" originaron la violación de la vida comunitaria con sus secuelas en
mayor grado, como son la intimidación, los allanamientos, las violaciones,
las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones, los asesinatos
selectivos, pero sobre todo en la destrucción de la vida comunitaria". El
ejemplo de los verdaderos motivos del lobo se constatan en el caso de la
Región de Los Loxichas.
En esta misma dirección, el obispo de Oaxaca Miguel Angel Alba Díaz a dicho
que "para nosotros tiene que ser muy significativa de la forma como ha
aumentado la militarización...al aumentar la militarización nos damos cuenta
que el gobierno tiene miedo de algo...no aumentaría de tal grado el número
de soldados si la entidad estuviera tan en paz y tan en tranquilidad como lo
quieren dar a entender los discursos oficiales...¡Siento que el Estado tiene
miedo, y si ellos que si cuentan con medios de espionaje ...tienen miedo,
pues por algo es. No es que sean muy bonitos los soldados en nuestra
ciudad...no es halagador para los turistas ver retenes en el camino a Mitla,
en el camino a Guelatao, en el camino a todas partes, en la carretera
costera, en Puerto Escondido, verlos atrincherados en Huatulco, como si
estuvieramos en guerra...Vemos que aumenta la militarización en sus efectos
colaterales y secundarios...con la presencia de los militares se ha
duplicado la cantidad de prostíbulos y de burdeles afectando la vida
social...el número de madres solteras. Todo eso va trayendo efectos
colaterales, aparte del miedo de las comunidades (Revista El Tucán, no.46.
pag. 7).
Y además de los efectos que señala el Obispo de Oaxaca, tambien habría que
resaltar la enorme inversión federal que reviste el aumento de la
militarización. Oaxaca es una entidad sumamente pobre, de modo tal que en
vez de aplicar estos recursos para los militares, habría que invertir en
educación, en salud, en caminos dignos, en proyectos productivos, en obras
de infraestructura social y en acciones que impulsen un verdadero desarrollo
comunitario y regional. Sólo así podemos combatir las verdaderas causas de
la violencia, de la marginación, de la exclusión y de la extrema pobreza.
Sólo así podremos aspirar a vivir en un clima de paz. Y queda claro que con
la militarización no habrá paz en nuestra entidad, ni en todo México.
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[1] Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México.
Instituto Nacional Indigenista. Arnulfo Cambris, Coordinador. México. 1993.
[2] Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). 1996
